Problemas y estrategias para superar la exclusión económica de las comunidades nativas
La exclusión económica que viven las comunidades nativas se traduce en la falta de oportunidades laborales de los jóvenes, en la falta de una educación de calidad, en la falta de centros médicos adecuados y en la pérdida creciente de la identidad, entre otros problemas.
Ante esto, la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú, instancia creada por 15 empresas indígenas de los pueblos Asháninka, Matsiguenga, Shipibo, Awajún y Wampís, con el fin de ser un soporte técnico y académico en todo lo relacionado a emprendimientos, además de promover los derechos económicos ante el Estado y la sociedad civil, propone dos estrategias que deben ser consideradas por la opinión pública y la coyuntura electoral:
1) la creación de empresas en asociación entre las comunidades y las instituciones privadas y
2) la promoción de beneficios y oportunidades directas respecto a las industrias extractivas. La primera estrategia debe ser aplicada en rubros renovables como el ecoturismo y los asuntos forestales, y la idea es que los indígenas participen como socios de las empresas y por lo tanto reciban utilidades. La segunda estrategia tiene que ver con dar facilidades para que las empresas comunales proporcionen servicios en la explotación de los recursos mineros, petroleros y gasíferos; servicios tales como los de transporte, suministro de alimentos y mano de obra.
Mecanismos similares son ensayados en Australia y Nueva Zelanda. Con ellos se ha logrado un involucramiento directo de las comunidades en los procesos de desarrollo: se ha dado empleo a la población, se ha afrontado en mejores condiciones la salud pública, ayudado en la educación local y se ha evitado la emigración de cientos de jóvenes en busca de un trabajo hacia las ciudades. Así mismo, al contar con recursos, se han preservado mejor las tierras y los valores ancestrales.
En nuestro país hemos identificado tres grandes problemas a la hora de querer replicar las estrategias expuestas: a) el problema de la falta de disposición del sector privado para compartir beneficios en igualdad de condiciones, b) el rol generador de dependencias y no de libertades por parte del Estado y c) el problema de la falta de institucionalidad de las organizaciones políticas indígenas.
Respecto al primer punto, tenemos un sector privado que a pesar de estar en el siglo XXI en el plano tecnológico, está en el Siglo XIX en el plano cultural. Un buen número de empresas peruanas siguen concentradas en las visiones individualistas del mercado y no en cómo generar relaciones de mediano y largo plazo entre sus organizaciones y el entorno. La solución atraviesa por un asunto formativo, pero ante todo pasa por un asunto ético. Esto requerirá de tiempo. Pero hasta entonces se deben implementar normas que faciliten este tipo de relaciones.
Respecto al segundo punto, desde que se aprobó la Ley de Consulta Previa se ha venido dando el diálogo intercultural para el reconocimiento de los derechos colectivos. Sin embargo, para efectos prácticos, dicha ley es una ventana de solicitudes materiales. Estas solicitudes van desde la implementación de canchas deportivas hasta posibilidades de participación de las ganancias de las compañías extractivas; así lo confirman los recientes procesos de Consulta Previa llevados a cabo en Madre de Dios y Loreto.
Esto no es negativo, pues buscan satisfacer las necesidades y cubrir vacíos de las comunidades involucradas. Sin embargo, seguir en este esquema de un “Estado Papá Noel” sin tener las reglas claras desde un comienzo, genera dependencias y no libertades. Una evidencia es incuestionable: más allá del diálogo intercultural existen carencias y requerimientos puntuales que resolver. El diálogo es importante, pero si eso no termina en soluciones concretas reguladas, se habrá perdido el tiempo, derrochado energías y no habremos resuelto los problemas de fondo que afrontan las comunidades en la actualidad.
En cuanto al tercer punto, las organizaciones políticas indígenas no están empoderadas humana y financieramente. En el sentido humano no cuentan con representantes indígenas calificados en temas de liderazgo y buen gobierno. Prueba de ello son los fraccionamientos internos. Es necesario advertir de la peligrosa intromisión de agentes externos que contribuyen a la división. Esto no debe ser permitido y es fundamental que los lectores sepan de este tema.
En el sentido financiero, las organizaciones carecen de recursos que les permitan gobernarse, son dependientes. Dependen de las ONG, de los programas de responsabilidad social de las empresas, del Estado. La corrupción es parte del día a día de muchas instituciones locales, regionales y nacionales. Una pregunta debe convocarnos a todos: ¿Cómo podremos solucionar estas dificultades?. Ante esta realidad, la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú-CCPIP propone la creación de un Fondo Especial para dotar de recursos financieros a los 48 Pueblos Indígenas de toda la Amazonía. Dicho fondo servirá para superar el problema institucional mencionado, pero ante todo para el desarrollo y generar autonomía. La autonomía es la clave de todo proceso social. Los Pueblos Indígenas no podemos exigir ni tener libertad sino contamos con las necesidades básicas cubiertas. Bajo la situación de la dependencia, jamás podremos organizar el futuro ni dar esperanzas a nuestra gente, de acuerdo con nuestros parámetros. El fondo propuesto, para su buen uso, deberá ser supervisado por el Estado.
Resueltos estos problemas creemos que las estrategias presentadas contribuirán a superar la exclusión económica de las Comunidades Nativas; conllevarán a una relación de pares entre ellas mismas y con el resto de la sociedad. Es hacia esta visión que todos los ciudadanos debemos empujar la gran canoa de la nación, con miras a un desarrollo con identidad y acorde a nuestra época.
